La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas con la LO 5/2010 introdujo un nuevo sujeto en el derecho penal susceptible de ser sancionado penalmente. No obstante, en la medida en que el derecho penal es un derecho basado en la acción como conducta humana, su introducción genera no pocas fricciones. Desde esta perspectiva, cabría afirmar que las personas jurídicas no cometen delitos pero que, en determinadas circunstancias, son responsables penales de ciertos delitos cometidos por una persona física. Expuesto esto, se abordar la carga probatoria para poder ejercitar una pretensión de condena penal frente a una persona jurídica (especialmente la prueba de los programas de compliance) y cómo se despliegan los derechos fundamentales de la persona jurídica a este respecto. Asimismo, se ofrece una visión de la relación entre los programas de compliance y la regulación recogida en la Ley 2/2023, de 20 de febrero.

El artículo destaca la importancia del Compliance como herramienta esencial para la sostenibilidad y ventaja competitiva de las empresas. Se enfoca en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los tipos de fraude que afectan a las corporaciones. Subraya que el incumplimiento normativo puede acarrear graves consecuencias económicas y reputacionales, superando los costos de mantener el cumplimiento. El texto analiza el caso Enron como ejemplo de las catastróficas consecuencias de la falta de controles internos y ética corporativa. Además, detalla los beneficios de un programa de Compliance sólido, que incluyen la prevención de riesgos legales y financieros, la mejora de la reputación corporativa y la eficiencia operativa. Se destacan elementos clave para un programa de Compliance eficaz, como el compromiso del liderazgo, la identificación de riesgos, políticas claras, formación continua, canales de denuncia y mecanismos de respuesta. Finalmente, se ofrecen recomendaciones para su implementación, enfatizando que el Compliance no solo previene sanciones, sino que también crea valor duradero y fortalece la competitividad empresarial.

La extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los supuestos de acoso escolar contemplados en el Artículo 173 CP no parece haber captado debidamente la atención de los distintos operadores jurídicos desde la reforma del Código penal de octubre de 2022. Si bien proliferan los análisis sobre la responsabilidad civil derivada de los supuestos de acoso escolar, los estudios sobre la nueva responsabilidad penal de los centros escolares por estos incidentes son ciertamente escasos. El presente trabajo identifica determinados déficits del modelo de autorregulación regulada imperante en los centros educativos hasta la citada reforma y analiza los presupuestos y fundamentos de la responsabilidad penal de dichas personas jurídicas en los supuestos de acoso escolar. A la vista de la inminente creación de los Juzgados de violencia contra la infancia se pretende ofrecer una guía de aplicación para estos órganos especializados.

El 26 de octubre de 2023 el Gobierno del Reino Unido aprobó la Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa). Esta Ley, entre otras cosas, introducía una importante modificación en lo que se refiere al régimen de atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas ((la denominada doctrina de la identificación) e introducía, de forma similar a la sección 7 de la UKBA 2010, otro “delito” del tipo failure to prevent (fraud, en este caso). En este artículo se estudia la modificación operada sobre el directing mind and will test en los supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos económicos y se explican las implicaciones en materia de compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas de la nueva failure to prevent offence (y su correspondiente guía).