Volumen Nº1

En el ámbito del proceso penal de las personas jurídicas, es preciso analizar si estas tienen un deber específico de colaborar a fin de obtener la aplicación de los beneficios legalmente previstos, que comportan una rebaja, o incluso una exclusión de las penas, o por el contrario, pueden acogerse al derecho a la no colaboración activa, como corolario de la presunción de inocencia que le corresponde, en igualdad de condiciones que el resto de los sujetos con los que concurre. Caso de ser titulares de ese derecho, cómo se puede articular el mismo, a fin de evitar que se convierta en un mero recurso retórico.

La falta de precisión del Código penal español a la hora de determinar el ámbito de aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha llevado a extender la aplicación el artículo 31 bis CP incluso a pequeñas sociedades sin estructura organizativa compleja. La sentencia que se comenta pone fin a esta situación.

La publicación de la Ley 2/2023, por la que transponía a nuestro derecho interno la conocida como Directiva Whistleblowing ha supuesto un paso importante en materia de compliance. No obstante, dada su propia naturaleza, la regulación interna de los canales de denuncias puede beneficiarse mucho de otros textos de soft law, para lo cual el estándar internacional ISO 37002:2021 constituye un referente obligado.

Dado que la materia prima del compliance penal son los comportamientos humanos, a través del presente artículo se trata de usar el input de las ciencias conductuales (primordialmente, la ética conductual) para arrojar más luz sobre cómo nos comportamos en realidad y por qué lo hacemos como herramienta para la mejora de los programas de compliance penal.