0.- Introducción

Probablemente existe un cierto consenso en la afirmación de que el acoso escolar es una de las peores lacras de la sociedad actual. Prácticamente cualquier persona ha tenido, ya por experiencia personal o por referencia de alguien cercano, conocimiento de episodios de acoso escolar. También le constará las devastadoras consecuencias anudadas a estos sucesos que pueblan noticias en los medios de comunicación. No obstante, por más que las estadísticas año a año son alarmantes y el discurso político y social clama contra estos incidentes, la situación no se revierte; o al menos no significativamente. Los escándalos mediáticos se suceden sin solución de continuidad pese a las promesas de cambio que nunca llegan. Por el camino quedan familias destrozadas y niños con secuelas psicológicas que les marcarán toda la vida – si no se suicidan primero -. Dicha afirmación no es una exageración; son varios los estudios que apuntan a la intensa vinculación entre suicidio infantojuvenil y acoso escolar¹.

¿Y los centros educativos? Debido al modelo de autorregulación regulada existente en el ámbito educativo español, los centros educativos gozan de una importante autonomía organizativa, imponiendo las sanciones disciplinarias y medidas correctoras a quienes consideran pertinente; pero sin estar expuestos los propios centros a sistema sancionatorio alguno – sólo son responsables civiles, pudiendo concertar los seguros correspondientes² -. En este sentido, la heterorregulación de la autorregulación de los centros educativos adolece, en nuestra opinión, de un importante «punto ciego»: la inexistencia de sanción en caso de inaplicación o incorrecto funcionamiento de los mecanismos de prevención y detección precoz del acoso escolar³. La realidad evidencia que el modelo actual es un modelo, de nuevo en nuestra opinión, fallido y que requiere una mejora sustancial en los mecanismos de detección e intervención⁴.

El Derecho penal es ciertamente la ultima ratio del ordenamiento jurídico y no es un instrumento adecuado para regular las interacciones sociales cotidianas⁵. Pero cuando todo lo anterior falla, su puesta en funcionamiento resulta necesario para reforzar las expectativas legítimas de los súbditos de un Estado que debe velar por su protección. Aplicado al caso concreto que nos ocupa, debe velar porque cuando los padres dejan a los niños en el colegio – un espacio donde los progenitores no pueden ni proporcionar esa protección a sus hijos ni ejercer ese control sobre los mismos –, esos padres tengan la seguridad de que sus hijos no van a sufrir situaciones de acoso escolar por parte de terceros (ya sea el personal del centro u otros menores)⁶.

Por supuesto, siempre existe un determinado grado de autotutela; cuando los padres detectan que sus hijos están sufriendo dichas agresiones, pueden cambiarlos de centro escolar o animarles a que se autodefienden frente a los agresores. En el primer caso, ello siempre comporta para el menor una doble victimización: primero, por haber sido víctima de las agresiones; segundo, por verse obligado a abandonar su entorno conocido de amigos, rutinas, etc., lo cual es un cambio traumático y no deseado, especialmente si ocurre a final de curso⁷; en el segundo caso, se puede generar una escalada de agresiones mutuas en el que el menor agredido se convierta, a su vez, en agresor. Si los mecanismos de hetero-protección no funcionan, a los menores no les queda otra opción que la autoprotección⁸ o, en casos extremos, el suicidio.

En efecto, no puede perderse de vista el hecho de que la escolarización de los menores es obligatoria en España⁹, por lo que los menores se ven obligados a seguir soportando las situaciones de acoso escolar y seguir «conviviendo» día tras día con sus acosadores. Ello conduce a los menores a situaciones límites donde, ante la ausencia de protección, comienzan a percibir la muerte como una liberación y no como un castigo; de ahí las escalofriantes estadísticas de suicidio infantojuvenil vinculadas a situaciones de acoso escolar¹⁰.

Ciertamente, en múltiples colegios se ha tratado de implantar una determinada cultura de la «denuncia» donde se anima a los menores agredidos a que lo comuniquen inmediatamente. No obstante, en el caso de los menores en etapa infanto-juvenil, ello comporta un reproche social entre iguales donde el menor denunciante es tildado de «chivato»¹¹ y, si no se produce una actuación reparadora inmediata de la misma naturaleza que la ofensa (esto es: si la ofensa ha sido pública, la actuación reparadora debe ser igualmente pública), el menor se sumerge en un sentimiento de desprotección que habitualmente degenera en la exclusión social¹². Esta situación de estigmatización y el temor a represalias a menudo disuaden a los compañeros de intervenir, a pesar de ser conocedores de las situaciones de acoso desde las primeras etapas¹³. En una lógica primaria de incentivos y desincentivos (que es la que opera en dichos menores), los desincentivos exceden con creces a los incentivos.

Si a todo ello se añade que en esas edades los testimonios de menores pueden ser extraordinariamente complicados de valorar adecuadamente¹⁴ y que algunas conductas siguen desgraciadamente consideradas como «adecuadas» socialmente – sc. poner motes a algunos niños, desechar determinadas actitudes como «son cosas de niños», etc. – las dificultades a las que se enfrenta un tratamiento adecuado de estas situaciones no son baladí. Como señala la Fiscalía General del Estado, muchos de los actos encuadrables en el acoso escolar han sido -siguen siéndolo aún- frecuentemente considerados parte integrante de la experiencia escolar¹⁵.

No obstante, el hecho de que sea difícil su tratamiento no puede ser óbice para adoptar cuantos mecanismos sean necesarios para evitar que se produzcan estos incidentes; y ello, fundamentalmente, a la vista de las consecuencias devastadoras que sufren las víctimas del acoso escolar¹⁶. Una dotación de medios de prevención adecuada es, sin duda, el primer paso para evitar esta lacra social. La formación continua y completa de docentes, personal escolar y, en una medida importante, de los propios menores es conditio sine qua non para conseguir que los centros escolares sean entornos seguros para el desarrollo de la infancia¹⁷. Pero, sobre todo, es necesario un sistema de gestión antiacoso escolar, basado en el riesgo de acoso escolar, que contenga controles específicos que mitiguen dicho riesgo y que cuente con políticas, procesos y procedimientos específicos en esta materia¹⁸.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia fue, sin duda, un paso en la dirección adecuada. Como señala su Preámbulo:

No es objetivo de esta contribución analizar las distintas medidas introducidas por dicha legislación¹⁹. Ahora bien, especialmente relevante desde el punto de vista jurídico-penal fue la dotación de contenido funcional a la figura del «Coordinador o Coordinadora de Bienestar y Protección» – fundamentalmente el Art. 35 LO 8/2021 –. Tal y como señala el preámbulo de dicha L.O.:

Y decimos que tiene una especial importancia desde el punto de vista penal puesto que, traducidos en términos penales, el Coordinador/a de Bienestar y Protección ostenta una doble posición de «garante de protección» de los menores acosados y de «garante de control» de los menores acosadores. Más adelante profundizaremos en los especiales deberes de protección y control que atañen a dicha figura; pero por el momento baste con señalar que, en nuestra opinión, se erige en una figura clave para generar la responsabilidad penal del centro escolar. Las tipologías del acoso son muy variadas y abordarlas desbordaría por completo los límites razonables de este trabajo. Por ello en lo que sigue vamos a centrar la atención en la nueva responsabilidad penal de los centros escolares por los supuestos de acoso escolar contenidos en el Artículo 173 CP, centrando el denominado «hecho de conexión» – en la terminología propia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas – en la omisión por parte del Coordinador/a de Bienestar y Protección. Y ello especialmente en el ámbito del denominado «acoso entre iguales» menores de 14 años puesto que, tradicionalmente, no se ha considerado penalmente relevante²⁰.

En este sentido, la actitud habitual por parte de las autoridades educativas es que, cuando se trata de un supuesto de acoso entre iguales menores de 14 años, no se reportan a la Fiscalía o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dado que los menores acosadores no llegan al límite para que entre en acción la Ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor, constituyen una cifra negra de acoso no reportado a las autoridades encargadas de la persecución penal. Sin embargo, los efectos de dicha cifra negra se sienten; y mucho. Así, no es casual que muchos los episodios fatídicos que finalmente terminan en suicidio infanto-juvenil traigan causa de situaciones de acoso escolar prolongadas que, si se hubiera actuado a tiempo, muy probablemente no se hubieran producido. La virtualidad del Derecho penal para regular las pautas de convivencia social es ciertamente limitada. Pero no debe ser desdeñada sin más. Existe una vinculación íntima entre el derecho penal y la configuración de una determinada sociedad – en términos normativistas se haría referencia a la «identidad normativa» de la sociedad²² -, de tal manera que, examinando el Código penal de cualquier Estado, se advierte rápidamente cuáles son las normas de convivencia básicas que conforman la identidad de una determinada sociedad. Cuando se considera que una norma es digna de protección penal, se realza su relevancia para el correcto funcionamiento de esa sociedad.

En este contexto, hacer que las personas jurídicas sean penalmente responsables por los delitos de acoso escolar lanza un mensaje claro: a partir de este momento, los centros escolares adoptan una posición de garante (penal) de lo que ocurre dentro su organización respecto de este tipo de riesgos; y responden penalmente por cómo desempeñen dicha posición²³.

¿Qué respuesta se puede esperar a este mensaje? Pues bien, si tomamos como referencia el impacto que el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas [RPPJ] ha tenido en el ámbito empresarial, puede advertirse que ha existido una importante concienciación a nivel empresarial de la necesidad de establecer sistemas de prevención y detección de delitos eficaces. La disciplina del Compliance, ya existente con anterioridad a la entrada en vigor de la RPPJ, ha experimentado un auge sin paragón a partir de la introducción de la RPPJ. Si la introducción de la RPPJ para los delitos de acoso escolar genera una reacción similar, se habrá dado un paso importante en la dirección adecuada: la conformación de los centros escolares como espacios seguros para el desarrollo de la infancia y la adolescencia.

En este trabajo, como decimos, no se van a abordar principalmente supuestos de acoso escolar por parte del personal del centro escolar, ni tampoco el acoso escolar entre iguales mayores de 14 años que ya pueden ser objeto de sanción individual ya sea por los preceptos que regulan la responsabilidad penal de los adultos o por mor de la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal del menor. Aquí se abordarán fundamentalmente los supuestos de acoso escolar entre iguales menores de 14 años que tradicionalmente han estado alejados de la esfera penal debido a que los menores no incurrían en responsabilidad penal²⁴.

En este ámbito, la estructura típica desde el punto de vista penal pasa necesariamente por considerar que los menores son fuentes de peligro sobre las cuales se erige una posición de garante por parte del centro escolar, materializada especialmente en la figura del «Coordinador/a de Bienestar y Protección» ya mencionada anteriormente y sobre la cual volveremos. Por tanto, una vez constatada una situación de acoso escolar entre menores de 14 años, la atención debe centrarse necesariamente en las medidas de prevención y detección del acoso escolar del centro escolar y en la actuación concreta del Coordinador/a.

A modo de resumen introductorio y sin perjuicio de mayor profundización, a los efectos de la responsabilidad penal del centro escolar, éste debe contar con un modelo de prevención²⁵ y gestión de acoso escolar que incluya las herramientas y medios suficientes para prevenir las situaciones de acoso escolar. A mayor abundamiento, puesto en conocimiento del centro escolar situaciones de acoso escolar entre iguales, debe activarse inmediatamente el protocolo de acoso escolar. Si, pese a la puesta en conocimiento del centro de la existencia de dichos incidentes, éstas se siguen reiterando en el tiempo, sin la obligada intervención del Coordinador/a para evitar y remediar la lesión del menor en su integridad moral (y salud mental), existirán indicios de la responsabilidad penal individual de dicho Coordinador/a y de la responsabilidad penal del propio centro escolar.

I.- La magnitud del problema: algunos datos sobre el acoso escolar entre iguales y su vinculación con el suicidio infanto-juvenil

Si algo resulta evidente en el ámbito del acoso escolar es que nuestra²⁶ sociedad sociedad se enfrenta a un problema acuciante en el que el sistema actual no ofrece una respuesta satisfactoria. Los estudios llevados a cabo tanto por administraciones públicas como por actores privados arrojan un resultado devastador: un porcentaje importante de menores escolarizados ha sufrido situaciones de acoso escolar; otro porcentaje, menor pero relevante, se identifica como acosador. Las consecuencias de este resultado son inasumibles: un porcentaje nada desdeñable ha tenido pensamientos suicidas, otro porcentaje importante se ha autolesionado y, al final, el suicidio es la primera causa de muerte en la población entre 12 y 29 años (infantojuvenil)²⁷ – habiéndose constatado una estrecha relación entre suicidio y acoso escolar²⁸. Ciertamente, los factores ambientales que contribuyen a esta dramática situación son múltiples. Pero el hecho de que lo sean, no empece a que haya que abordarlos; todos y cada uno de ellos. Una postura acomodaticia no es permisible en este ámbito.

Comenzando por los datos «oficiales», en tiempos recientes el Ministerio de Educación ha presentado un reciente estudio llevado a cabo en centros de Educación Primaria, en el que nada más y nada menos que casi el 10% de los alumnos de primaria declara haber sufrido acoso escolar. Más aún, el 4,58% del alumnado de primaria declara haber acosado a algún compañero²⁹.

Un reciente estudio de la Universidad Complutense de Madrid junto con la Fundación ColaCao³⁰, llevado a cabo en 2023 con una muestra representativa, arroja un resultado, cuando menos, alarmante: (i)  el 19,2% del alumnado reconoce haber sufrido situaciones de maltrato entre estudiantes que podrían derivar en acoso escolar, tales como llamar por motes o burlarse; (ii) se reconocen como acosadores un 2,1%; (iii) un 16,3% de estudiantes afirman haber presenciado situaciones en las que se ha acosado a un/a compañero/a del mismo centro en los últimos meses y (iv) la más escalofriante: el 20,4% de las víctimas y el 16,8% de los acosadores declaran haber intentado quitarse la vida alguna vez. Como indica el citado estudio, el acoso escolar «no se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga en el tiempo, haciéndose cada vez más grave».

Ante esta cantidad ingente de situaciones que pudieran ser constitutivas de un delito de acoso escolar, lo lógico sería que existieran miles de procedimientos y que los repertorios de jurisprudencia estuvieran llenos de resoluciones judiciales bien archivando procedimientos, bien abriendo juicios orales.  Sin embargo, la tozuda realidad es, tal y como indicamos anteriormente, que son sumamente escasos los procedimientos judiciales en este ámbito.

En efecto, los procedimientos penales en este ámbito se cuentan con cuentagotas mientras las estadísticas, como recuerdan los casos mediáticos, siguen en unos niveles insoportables. Por sólo poner algunos ejemplos de los últimos años:

• Menor de 13 años que intentó suicidarse en Las Palmas de Gran Canaria (2025)³¹.
• Menor de 12 años que se suicidó el Sallent, Cataluña (2023)³².
• Menor de 10 años que se suicidó en Madrid (2021)³³.
• Menor de 10 años que intentó suicidarse en Zaragoza (2022)³⁴.

La magnitud del problema abordado es tal que, incluso a nivel europeo – por desgracia, con su típico lenguaje ambiguo y generalista – se ha aprobado una reciente RECOMENDACIÓN (UE) 2024/1238 de la Comisión Europea de 23 de abril de 2024 sobre el desarrollo y el refuerzo de los sistemas integrados de protección de la infancia que redunden en el interés superior del niño en la que se puede leer lo siguiente:

Por si lo anterior no fuera suficiente, debe resaltarse el hecho de que en el ámbito del órgano estatal encargado de la persecución penal – sc. la Fiscalía General del Estado – el primer año en la historia de esta institución en la que se ha recabado estadísticas de denuncias por acoso escolar ha sido 2024. Así, señala la Memoria de la FGE 2024³⁵ lo siguiente:

Más aún, las cifras reales son muy probablemente mayores, debido a deficiencias en los sistemas informáticos que obligan a los fiscales a acudir al cómputo manual.

En definitiva, el statu quo es insoportable, la necesidad de actuación es acuciante y la obligación de aplicar cualesquiera instrumentos jurídicos vigentes es ineludible. Es en este marco en el que la reforma introduciendo la RPPJ para las personas jurídicas por delitos de acoso escolar adquiere un especial significado.

II.- La relevancia de los centros escolares como espacios seguros para menores de 14 años: la ausencia de mecanismos de autoprotección adecuados y la posición de garante de protección y control del Centro Escolar

Cualquier padre o madre que haya llevado a sus hijos a un centro escolar y se despide a la entrada comprende el concepto de la traslación de la posición de garante. Literalmente pone en manos de un tercero la salud física y psíquica de sus hijos. Y ello no de manera voluntaria; en España, como hemos señalado anteriormente, la escolaridad en un centro escolar homologado es obligatoria. Esto es, la protección del menor que normalmente llevan a cabo los padres permitiendo o prohibiendo la interacción con otros menores en su vida social cotidiana no pueden realizarla una vez que dejan a sus hijos en el colegio; y ello, además, por imperativo legal.

De igual manera, cualquier padre o madre es consciente de que sus hijos pueden realizar conductas lesivas para otros menores. Y con la entrega diaria al centro escolar delegan en el mismo la garantía de control de los mismos; es la otra cara de la moneda. De nuevo, las medidas correctoras que en la vida cotidiana los padres pueden desplegar respecto de los riesgos que generan sus hijos, se ven impedidas, otra vez, por imperativo legal.

De la conjunción de ambas circunstancias se produce una situación peculiar. Por un lado, los colegios se erigen en garantes de control de las fuentes de riesgo³⁸ de acoso escolar que suponen los menores acosadores y, por otro lado, los colegios se convierten igualmente en garantes de protección de las víctimas menores de edad acosadas. En nuestra opinión, tal y como expondremos más adelante, esta situación conlleva deberes reforzados por parte de los centros educativos que van más allá de garantizar una adecuada convivencia escolar. Los centros educativos deben ser espacios seguros para el desarrollo de la infancia y sólo bajo dicha premisa deben poder operar.

Como se ha evidenciado en la literatura especializada³⁹, una intervención temprana resulta fundamental para reparar el daño sufrido por el menor por parte de sus iguales y evitar la aparición de secuelas que después acompañarán al menor no sólo en la etapa infanto-juvenil, sino en su vida adulta⁴⁰. Dicha intervención temprana también evita que se propaguen estas conductas entre otros menores por el fenómeno de contagio tan habitual entre los menores de 14 años⁴¹. Finalmente, resulta decisivo para que, a resultas de lo anterior, se produzcan situaciones de exclusión social por parte del menor acosado cuya única fuente de protección en el ámbito escolar es precisamente el centro escolar.

Y es que, si bien la edad concreta puede variar dependiendo del menor, generalmente entre los 8 y los 12 años se comienza a desarrollar fundamentalmente el autoconcepto (concepción de uno mismo y su identidad) y la autoestima de tal forma que las situaciones de acoso escolar en esas edades alteran especialmente la concepción que el menor tiene de sí mismo y del mundo, sin haber podido desarrollar, en muchas ocasiones, mecanismos psicológicos de autoprotección resilientes.

Hasta el momento, los intentos por paliar la alarmante situación vivida día a día por miles de niños en los centros educativos han resultado infructuosos. En nuestra opinión, ello se debe, entre otros factores que sin duda resultan relevantes, a la impunidad de la que han venido gozando los centros educativos en este ámbito puesto que, más allá de la responsabilidad moral de atajar esta situación, el sistema de incentivos y desincentivos (carrots and sticks) para los centros educativos no estaba correctamente configurado. Ello requiere una explicación más pormenorizada.

III.- La impunidad de los centros escolares: el modelo hasta ahora sancionaba a los menores acosadores y eximía a los centros escolares (personas jurídicas)

A la vista de todo lo anterior, una de las primeras cuestiones que resulta llamativa es el modelo vigente de tratamiento del acoso escolar. En una apretada síntesis, la situación hasta tiempos recientes era la siguiente: cuando se producía una situación de acoso escolar y se constataba que el centro escolar no había implementado efectivamente un protocolo de acoso escolar, o resultaba deficiente, o, en fin, no funcionaba correctamente – veremos posteriormente la relevancia a este respecto –, el centro escolar no estaba sujeto a sanción alguna – ya fuera penal o administrativa (multas etc.) – . Los sujetos sancionables – tanto por el propio centro escolar como, en su caso, por la jurisdicción competente – son los menores o, en casos concretos, personal docente o directivo del centro.

En este sentido, pese a que en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la Violencia [LOPIVI] establece la obligación de los centros escolares de contar con unos protocolos de prevención y detección precoz de acoso escolar, y erige al Coordinador de Bienestar y Protección en la figura que debe velar por el «correcto funcionamiento» de dichos mecanismos de prevención y detección⁴², lo cierto es que no se establece ninguna sanción en sentido estricto para los centros en caso de que se constate una situación de acoso escolar.

Como decimos, la LOPIVI es clara respecto de la obligación de los centros de contar con dichos protocolos, señalando el Artículo 34 LO 8/2021 lo siguiente:

Más aún, ya en el Preámbulo de la citada LO 8/2021 se indica lo siguiente:

Ahora bien, pese a existir ese claro mandato, la LO 8/2021 no prevé un sistema de sanciones para los centros educativos y Coordinador relativo al incumplimiento o cumplimiento defectuoso de dicha aplicación o del correcto funcionamiento. El modelo vigente, propio de una autorregulación regulada sumamente laxa, consiste en que, en caso de constatarse una situación de acoso escolar, el centro educativo puede, mediante procedimiento interno, imponer medidas correctoras a los menores infractores. Asimismo, si en dicha situación de acoso han participado (por acción u omisión) personal docente o directivo, imponer las sanciones disciplinarias que estén previstas.

Por lo tanto, los centros educativos, especialmente los privados, gozan de una autonomía extraordinaria y la intervención, por ejemplo, de la Inspección educativa es sumamente limitada⁴³. Así, se le otorga una amplia libertad organizativa respecto de su organización interna, normas de convivencia, contratación de personal y gestión económica. Todo ello en virtud del Artículo 25 de la Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la educación (LODE)⁴⁴, que, por cierto, apenas contiene disposición alguna respecto del acoso escolar⁴⁵. En este sentido, la Inspección no tiene autoridad para imponer reglamentos internos o intervenir directamente en la gestión del centro, salvo en casos específicos donde se vea afectado el cumplimiento de derechos fundamentales o de disposiciones esenciales del sistema educativo. Esto incluye la supervisión de estándares mínimos de calidad, como la titulación del profesorado y las ratios alumno-profesor, necesarios para garantizar la homologación de títulos. Sin embargo, se establece que normativas reglamentarias, como circulares o resoluciones emitidas por las administraciones educativas, no son vinculantes para los centros privados, a diferencia de lo que ocurre en los públicos y, en menor medida, en los privados-concertados. Este principio refuerza la independencia operativa de los centros privados en su funcionamiento diario.

Entrando ya en el ámbito del acoso escolar, los centros privados tienen plena autonomía para establecer y aplicar sus reglamentos internos en la resolución de conflictos, incluidos los relacionados con la convivencia escolar. La Inspección no puede actuar de forma coercitiva ni imponer medidas disciplinarias o reglamentos específicos en estos centros, dado que estas acciones entrarían en conflicto con la autonomía organizativa reconocida por la ley. La intervención de la Inspección solo sería posible en situaciones donde se detecte una vulneración de derechos fundamentales, como la igualdad o la dignidad de los alumnos, que son principios protegidos constitucionalmente.

En el ámbito autonómico, las administraciones han desarrollado protocolos de prevención y actuación frente al acoso escolar que⁴⁷, si bien, en principio, deberían ser de carácter obligatorio para los centros públicos, y parcialmente obligatorios en los centros privados con concierto, en el caso de los privados suelen ser de carácter orientativo, en virtud del principio de autonomía organizativa y pedagógica que regula la LODE. Esto significa que los colegios privados pueden optar por adherirse a los protocolos establecidos por la administración o desarrollar sus propios procedimientos, siempre y cuando estos últimos cumplan con los estándares mínimos de protección y eficacia establecidos por la normativa. No obstante, como indicamos, no existe una sanción en caso de que se inapliquen o funcionen incorrectamente.

En cualquier caso, las deficiencias observadas se comunicarán a la titularidad del centro para que proceda a su subsanación en el plazo que se determine procedente. Si la titularidad no actuara en este sentido, o en el supuesto de que las deficiencias fueran insubsanables, o estribaran en la incapacidad del centro para el adecuado ejercicio educativo y de protección a la infancia, se iniciaría el expediente de revocación mediante Orden del titular de la Consejería de Educación. Ahora bien, una vez finalizada la instrucción del expediente, se resolverá por el órgano competente, pudiéndose acordar: a) la revocación de la autorización del centro, si se consideran probadas las deficiencias observadas; b) el apercibimiento a la titularidad, si se considera que la actuación del centro no reviste la gravedad suficiente que justifique la revocación de la autorización o c) el archivo de las actuaciones, si se comprobase que no se dan ninguna de las circunstancias señaladas anteriormente.

Esa era, igualmente, la aproximación que tenía el Derecho penal con anterioridad a la LO 10/2022, de 6 de septiembre. Los menores, en caso de tener más de 14 años, podrían ser objeto de las sanciones correspondientes en la LO 5/2000, de 12 de enero reguladora de la responsabilidad penal de los menores; el personal docente o directivo, en caso de participar por acción u omisión, estarían sujetos a las penas del Artículo 173 CP. Como veremos más adelante, esta situación, respecto del centro educativo (como persona jurídica) da un vuelco con la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica por el delito de acoso contenido en el mencionado Artículo 173 CP.

El modelo vigente hasta la reforma del Código penal era claramente deficiente. Una mera comparación con la regulación existente en otros ámbitos similares muestra a todas luces la inadecuación. Así, como se señala expresamente en la LO 8/2021 (Artículo 3 m)) la finalidad de la citada legislación es, entre otras, “Establecer los protocolos, mecanismos y cualquier otra medida necesaria para la creación de entornos seguros,de buen trato e inclusivos para toda la infancia en todos los ámbitos desarrollados en esta ley en los que la persona menor de edad desarrolla su vida. Se entenderá como entorno seguro aquel que respete los derechos de la infancia y promueva un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital”.

Pues bien, como pasaremos a explicar a continuación, la situación anteriormente descrita ha experimentado, al menos sobre el papel, un importante cambio: la introducción de la RPPJ por supuestos de acoso escolar – que en la legislación española se subsumen por lo general en el delito de trato degradante del Artículo 173 CP – . Que dicha reforma sea efectiva va a depender de que se inicien los procedimientos penales correspondientes, lo cual, sin duda, tardará tiempo en suceder debido a las garantías propias del Derecho penal (irretroactividad de las normas penales) y a la tendencia habitual a mantener el estatus quo de una situación de impunidad.

IV.- La reforma del Artículo 173 CP: requisitos y extensión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a supuestos de acoso escolar

Hasta este punto hemos indicado la magnitud de un problema acuciante y la inexistencia de un sistema de responsabilidad sancionatoria respecto de uno de los principales (sino el principal) actores: los centros educativos. Pues bien, mediante la L.O. 10/2022 de 6 de septiembre, de garantía integral contra la libertad sexual se produjo una suerte de cambio de paradigma gracias a la reforma del Artículo 173 CP y la introducción de la RPPJ para los supuestos ahí contemplados – tipo delictivo al que, como hemos indicado, se suelen reconducir los supuestos de acoso escolar – . Así, dicho precepto reza en la actualidad de la siguiente manera:

Ciertamente, el ámbito inicial sobre el que quería incidir la referida legislación era, como su propio nombre indica, la libertad sexual. Ahora bien, pese a que la intención inicial declarada en la Exposición de Motivos de la LO 10/2022 era la extensión de la responsabilidad penal de la persona jurídica a los supuestos de acoso sexual, la redacción finalmente otorgada al Artículo 173 CP ha supuesto la extensión de este tipo de responsabilidad penal de la persona jurídica a todos los supuestos de acoso: laboral, inmobiliario y, en lo que aquí importa, escolar.

En efecto, tal y como ya hemos indicado anteriormente, el acoso escolar tiene una acomodación «natural» en el delito de trato degradante recogido en el Artículo 173 CP. Ello ha venido siendo afirmado tanto por la jurisprudencia⁴⁹ como por la propia Fiscalía General del Estado al afirmar – en su conocida Instrucción 10/2005⁵⁰ – el Artículo 173 CP opera como un tipo de recogida o tipo de arrastre (auffangtatbestand en la terminología alemana), en el sentido de que viene a constituir una forma subsidiaria de todos los delitos en que existe como modalidad de comportamiento un ataque contra el mismo bien jurídico protegido, que entra en juego cuando la conducta enjuiciada no pueda subsumirse en otras figuras más específicas del Código Penal que impliquen también un atentado contra la dignidad moral de otros.

Una vez sentado lo anterior, y dependiendo del iter criminis y de la gravedad del suceso, también resultan comunes las imputaciones por delitos de lesiones del Art. 147.1 CP o coacciones del Art. 172.1 CP. No obstante, a los efectos de este trabajo reiteramos que centraremos la atención en el tipo penal del Artículo 173 CP ya que es considerado mayoritariamente como el tipo penal de referencia en este contexto⁵¹.

El hecho de que el Art. 173.1 CP sea el que mayor facilidad de encaje muestre para la subsunción de las dinámicas de acoso escolar no significa que muestre una descripción típica “óptima”. Como indicaremos a continuación, deben tenerse en cuenta una serie de consideraciones cuando se abordan estas dinámicas desde el tipo delictivo del delito de trato degradante.

La primera es que no se trata de un delito específico de acoso escolar, sino de un delito genérico de trato degradante que funge como una suerte de «cajón de sastre», motivo por el cual ha sido incluso cuestionada su compatibilidad con el principio de taxatividad penal⁵². Ello conlleva importantes déficits interpretativos. Así, en numerosas ocasiones se analizan las situaciones de acoso escolar desde el prisma de una serie de requisitos (no legales, sino jurisprudenciales) que traen causa de históricas delimitaciones previstas para otro tipo de situaciones – entre otros, el acoso laboral –. Ello, unido a la percepción de que en la mayor parte de las ocasiones no se está en presencia de situaciones especialmente graves – la tan manida perspectiva de “cosas de niños” – , coadyuvan a que no sean precisamente abundantes los procedimientos – mucho menos las condenas – por delito de trato degradante respecto de las situaciones de acoso escolar cuando las estadísticas, unánimemente, coinciden en señalar que dichas situaciones abundan en los centros educativos españoles.

La segunda, vinculada con la anterior, es la inexistencia de un subtipo específico para el acoso escolar a diferencia de lo que ocurre con el acoso laboral y el acoso inmobiliario. Precisamente en relación con estos subtipos se planteó en su día la necesidad de tipificación independiente por la imposibilidad de encuadrarlos en el delito de trato degradante y la correspondiente remisión a las (ya inexistentes) faltas de vejaciones injustas y/o amenazas – en el caso del acoso laboral – o a las coacciones – en el caso del acoso inmobiliario –⁵³. Como se puede observar tanto en la jurisprudencia como doctrina posterior a dicha modificación, desde la introducción de estos subtipos específicos no sólo se ha contribuido al principio de taxatividad penal, sino que se ha facilitado la racionalidad de su aplicación⁵⁴.

La tercera viene referida a la inexistencia de una jurisprudencia consolidada en el Tribunal Supremo respecto de los requisitos del delito de trato degradante cuando se aplica al acoso escolar⁵⁷. Sí que existe, no obstante, una larga jurisprudencia respecto del delito de trato degradante en general. Así, puede considerarse jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo respecto del dicho tipo delictivo [SSTS 233/2009 (Ponente Excmo. Sr. D. Luis Román Puerta Luis), 1061/2009 (Ponente Excmo. Sr. D. Francisco Monterde Ferrer), 255/2011 (Ponente Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro), y 325/2013 (Ponente Excmo. Sr. D. Alberto Jorge Barreiro)] que se requieren los siguientes elementos del tipo:

Por lo que hace al tipo objetivo, en relación con el elemento típico del «acto de claro e inequívoco contenido vejatorio para el sujeto pasivo del delito«, tal y como recoge la Guía de actuación contra el acoso escolar en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Madrid⁵⁹, los Informes del Defensor del Pueblo y UNICEF sobre incidencia del maltrato entre iguales en la Educación Secundaria Obligatoria (2000, 2007), utilizan las siguientes categorías generales: exclusión social, maltrato físico, maltrato verbal y maltrato mixto. En el mixto se incluyen las amenazas, el chantaje y el acoso sexual, que implican maltrato tanto físico como verbal. Esta clasificación se desglosa para un estudio más pormenorizado⁶⁰, distinguiéndose en cada categoría diferentes formas de agresión:

El Tribunal Supremo, recogiendo la jurisprudencia del TEDH, define el trato degradante como aquél que es capaz de «crear en las víctimas sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar en su caso su resistencia física y moral»⁶¹. En principio, puede realizar el tipo previsto en el art. 173.1 CP toda conducta idónea ex ante para menoscabar gravemente la integridad moral, sin necesidad de medios comisivos determinados.

Una cuestión importante en este ámbito es la interpretación de la expresión «trato» contenida en el Art. 173.1 CP. Así, tradicionalmente, se ha interpretado que dicho vocablo connota una cierta habitualidad⁶². No obstante, la jurisprudencia de la Excma. Sala Segunda del Tribunal Supremo ha venido considerando que dicho precepto puede aplicarse respecto de una conducta única y puntual, siempre que dicha conducta muestre una intensidad lesiva para la dignidad humana relevante. En palabras de la Sala Segunda «un solo acto, si se prueba brutal, cruel o humillante puede ser calificado de degradante si tiene intensidad suficiente para ello» [vid. las basales SSTS 38/07, 31 de enero (Ponente Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre); 489/03 de 2 de abril (Ponente Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta); 819/2002, de 8 de mayo (Ponente Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar)].

En tiempos más recientes, la STS 248/2025, de 20 de marzo [Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Hurtado], recopilando las resoluciones de la Sala Segunda de los últimos tiempos a estos efectos señala:

En el ámbito de la jurisprudencia menor, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo 138/2023, de 28 de marzo de 2023 (Ponente Ilma. Sra. Dña. María Covadonga Vázquez Llorens), da muestras de que avanza por el camino iniciado por la Sala Segunda explicando lo siguiente:

En un sentido similar, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, 15/2025, de 13 de enero (Ponente Ilma. Sra. Dña. María del Prado Escoda Merino), recoge lo siguiente

En cuanto al tipo subjetivo, tal y como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 18/2019 (Ponente Ilma. Sra. Dña. Caridad Hernández García) en relación con el dolo requerido en los supuestos de acoso explica lo siguiente:

Otra cuestión a tener en cuenta es la propia naturaleza del Artículo 173 CP. En este sentido, si bien parte de la jurisprudencia se decanta por considerar que dicho precepto es un delito de resultado, otra parte de la jurisprudencia aboga por considerar que es un delito de mera actividad. Esta distinción tiene incidencia, entre otras cuestiones, en la construcción de la responsabilidad omisiva por parte de los garantes de control y protección de los menores en el centro escolar. Si se considera que es un delito de resultado, la comisión por omisión se regirá por las reglas del Art. 11 CP. Esa ha sido la postura del Tribunal Supremo en varias resoluciones entre las que destaca la STS de 2 de abril de 2013 (Ponente Excmo. Sr. D. Alberto Jorge Barreiro), donde, en relación con un supuesto de acoso laboral, se indicaba lo siguiente:

Dicha resolución es utilizada por varias resoluciones de la jurisprudencia menor para analizar supuestos de acoso escolar y la posible comisión por omisión; valga de ejemplo la SAP de Barcelona de 12 de julio de 2018 [Ponente Ilma. Sra. Dña. Elena Guindulain Oliveras] .

Son varias las resoluciones recientes de la jurisprudencia de las Audiencia Provinciales que consideran que el delito contenido en el Art. 173.1 CP es un delito de resultado y que son de aplicación en consecuencias las reglas del Artículo 11 CP⁶³. No obstante, la jurisprudencia de la Sala Segunda, en los últimos años, parece haber avanzado en el entendimiento de que se trata de un delito de mera actividad como se puede leer en la STS 561/2021, de 24 de junio de 2021 [Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta].

En idéntico sentido se pronuncia la STS 248/2025 de 20 de marzo de 2025 (Ponente Excmo. Sr. D. Ángel Luis Hurtado Adrián).

Así, quien entienda que se trata de un delito de mera actividad podrá argumentar que no cabe la aplicación del artículo 11 CP puesto que el tenor literal exige un determinado resultado– sc. señala expresamente «los delitos que consistan en la producción de un resultado” –. No obstante, diversas voces autorizadas en la doctrina han apuntado que, en puridad, el resultado al que hace referencia el artículo 11 CP debe entenderse como “resultado jurídico” y no como ”resultado separado espacio-temporalmente” de la conducta⁶⁴. Adicionalmente, como ha señalado uno de los autores de referencia en el ámbito de la omisión, “el artículo 11 dice que la comisión por omisión de los delitos «que consistan en la producción de un resultado» se regirá por ciertas reglas (pero no somete a esas reglas la comisión omisiva del resto de los delitos)”⁶⁵.  Es decir, que la posibilidad de omisión respecto del Art. 173.1 CP no se regirá por las reglas del Art. 11 CP; pero se podrá regir por otras.

Por lo que se refiere al dolo del garante, cuando éste tiene conocimiento de que se están produciendo dichas conductas con dicha afectación ostensible a la integridad del menor, se produce una asunción de dicho resultado. Expresado de otro modo: quien tiene conocimiento de una situación de acoso escolar y permite que se sigue produciendo, asume dicha situación. En este sentido, debe traerse a colación la jurisprudencia relativa a la responsabilidad penal del progenitor/a (garante) en situaciones de acoso o abuso sexual a sus hijos por parte de su pareja. Así, como hemos señalado anteriormente, debe tenerse en cuenta que los colegios asumen, respecto de los menores, la posición de garantes de protección y control que tienen los progenitores respecto de sus hijos. En el momento en el que los progenitores entregan, por obligación legal, a sus hijos al colegio, aquéllos no pueden desempeñar sus funciones de garantes de protección y control. Ello conlleva esa transferencia de la posición de garantía. Pues bien, de la misma manera que el progenitor/a responde penalmente⁶⁶ en comisión por omisión cuando un tercero (su pareja sentimental) acosa o abusa sexualmente de su hijo/a -entendiendo que concurre la vertiente subjetiva con el conocimiento de la situación (aunque no fuera «querida») puesto que teniendo conocimiento y no actuando conforme a deber equivale al consentimiento- igual razonamiento resulta válido en los casos de acoso escolar. En estos supuestos se hace referencia a que “El dolo de la omisión se debe apreciar cuando el omitente, a pesar de tener conocimiento de la situación de hecho que genera el deber de actuar y de su capacidad de realizar la acción, no actúa”⁶⁷, “En el aspecto subjetivo, la comisión por omisión dolosa requiere que el autor conozca la situación de peligro que le obliga a actuar y la obligación que le incumbe”⁶⁸ y no lo haga.

Finalmente, por su similitud, deben traerse a colación el planteamiento actual del Pleno del Tribunal respecto del artículo 384 CP donde se sanciona “la mera actividad de conducir sin la autorización administrativa acreditativa de los conocimientos y habilidades para ello, supone un riesgo o peligro grave para los bienes jurídicos protegidos (vida e integridad física de las personas y seguridad vial), por lo que dicha conducta, aun cuando no se produzca un resultado lesivo concreto es merecedora de sanción penal” [STS (Pleno) 1379/2021 de 15 de abril (Ponente: Excmo. Sr. D. Vicente Magro)]. Cuando en estos supuestos concurre un menor inimputable que conduce el vehículo y, junto a él, su progenitor – garante del mismo – considera que el progenitor responde penalmente con independencia de la inimputabilidad del menor:

V.- Los presupuestos de la responsabilidad penal del centro escolar en el caso de acoso entre iguales menores de 14 años: acción u omisión por parte de directivos o empleados del centro escolar en beneficio directo o indirecto del centro escolar.

Probablemente no se falta a la verdad si se afirma que la distinción entre presupuestos y fundamentos de la RPPJ se encuentra ya asentada en la doctrina jurisprudencial. Cuando se introdujo dicha distinción a nivel académico en el año 2011⁶⁹, la intención era proporcionar una herramienta para poder distinguir entre las circunstancias a examinar previamente para determinar «si» una persona jurídica respondía penalmente y las circunstancias que fundamentaban «por qué» respondía penalmente. Las primeras estaban vinculadas a la persona física; las segundas a lo propio de la persona jurídica. De ahí que, en definitiva, se afirmara que el modelo español de RPPJ era un modelo mixto: los presupuestos estaban vinculados a los denominados modelos de «representación», «vicariales» o de «heterorresponsabilidad»; los fundamentos estaban vinculados a los modelos de «responsabilidad por el hecho propio» o de «autorresponsabilidad».

En la actualidad parece poder afirmarse que la jurisprudencia ha acogido dicha distinción comenzando por la basal Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de Marzo de 2019 [Ponente: Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero] cuando afirmó lo siguiente:

En el ámbito de los Juzgados de Instrucción destacan los Autos del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en diversos procedimientos de conocida relevancia mediática. Así, ad exemplum, se puede referir el Auto de 8 de julio de 2021 (caso CaixaBank/Repsol) donde se indica lo siguiente:

Así las cosas, por tanto, en lo que sigue se analizarán, en primer lugar, los presupuestos de la RPPJ – vinculados a la acción u omisión de la persona física – y, en segundo lugar, los fundamentos de la RPPJ – referidos a la organización de la propia persona jurídica –.

V.I.- Acción u omisión por parte de directivos o empleados del centro escolar. La especial relevancia del «Coordinador/a de Bienestar y Protección»

En general, la responsabilidad penal de personas físicas adultas en el ámbito del acoso escolar entre menores iguales se ha venido planteando respecto de padres, directores o tutores de los menores⁷⁰. Analizados esos supuestos respecto de su incidencia en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, únicamente los dos últimos (directores o tutores ) podrían generar este tipo de responsabilidad. Ahora bien, de forma casi coetánea a la introducción de la RPPJ por delitos de trato degradante se ha erigido una figura especialmente relevante debido a sus funciones específicas de garante y a su vinculación con el centro educativo: el denominado Coordinador/a de Bienestar y Protección.

Dicha figura, se introdujo por primera vez en el artículo 124.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; pero no fue hasta la más reciente LO 8/2021 que se le dotó de un contenido mínimo sustancial. Decimos contenido «mínimo» debido a que, en puridad, la LO 8/2021 indica en su Art. 35 que «las administraciones educativas competentes determinarán los requisitos y funciones que debe desempeñar el Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección. Asimismo, determinarán si estas funciones han de ser desempeñadas por personal ya existente en el centro escolar o por nuevo personal. Las funciones encomendadas al Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección deberán ser al menos las siguientes«.

Pese al mandato de los ulteriores requisitos y funciones, por lo que se alcanza a ver, no se ha producido un desarrollo normativo extenso por parte de las administraciones educativas competentes⁷¹. Como apunta María Ángeles Espinosa Bayal «se necesita un mayor grado de concreción y descripción de cada una de las funciones contenidas en dicha regulación: planificación, prevención, formación, detección e intervención en las situaciones en las que los niños, niñas y adolescentes deban ser protegidos dentro y fuera del centro escolar»⁷².

Expresado de forma sencilla, la LOPIVI sitúa al Coordinador/a de ByP en la clave de bóveda del funcionamiento de los mecanismos de prevención y detección del acoso escolar, tal y como explica la Exposición de Motivos de dicha norma:

De forma más extensa, el Artículo 35 enumera el contenido mínimo esencial de las funciones del Coordinador/a que, pese a su extensión, merece la pena reproducir íntegramente su contenido:

De nuevo siguiendo la exposición de Espinosa Bayal⁷³ el origen de dicha figura⁷⁴ está vinculado, al menos en parte, con la necesidad de proteger a los responsables de los centros educativos de las “consecuencias civiles y penales”.

Como ya hemos indicado en varias ocasiones, las dos circunstancias anteriores imponen al centro escolar (directores, docentes, monitores, etc.) y especialmente al Coordinador/a ByP deberes especiales de protección penal de unas víctimas especialmente vulnerables (garante de protección) y de control respecto de unos agresores irresponsables penalmente (garante de control de riesgos)⁷⁵.

Así las cosas, cuando se produce una situación de acoso escolar que es puesta en conocimiento del centro escolar (formal o informalmente), surge un deber reforzado de protección del menor acosado y de control de los menores acosadores en el sentido de evitación de la situación de acoso. Si se producen nuevos episodios de acoso escolar, estos son imputables en comisión por omisión al Coordinador/a de ByP y al centro escolar⁷⁶.

Por lo que se refiere al tipo subjetivo, debe tenerse en cuenta lo ya señalado anteriormente respecto del dolo del garante en este tipo de delitos en el sentido de que “El dolo de la omisión se debe apreciar cuando el omitente, a pesar de tener conocimiento de la situación de hecho que genera el deber de actuar y de su capacidad de realizar la acción, no actúa”. Por tanto, teniendo conocimiento de la situación de acoso escolar que pueda estar sufriendo un menor de 14 por acoso entre iguales, la Coordinador/a responderá penalmente si no adoptar todas las medidas a su alcance para la evitación que esa situación se prolongue en el tiempo.

Como señala el Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 537/2021 de 18 Jun. 2021, Rec. 3215/2019 (Ponente Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre):

V.II.- En beneficio directo o indirecto (sc. no en perjuicio) del centro escolar

El presupuesto de la actuación / omisión de la persona física «en beneficio» de la persona jurídica es, sin duda, un elemento controvertido. Así, la lógica de actuar «en beneficio» de la persona jurídica es un requisito propio de los modelos de representación/vicarial/heterorresponsabilidad de la persona jurídica y resulta un cuerpo extraño en los modelos de autorresponsabilidad penal de la persona jurídica. Como ya expusimos hace tiempo⁷⁷ el requisito del beneficio o provecho se encuentra alejado de la lógica jurídico penal y, en puridad, es propio de la responsabilidad civil.

Ello resulta evidente si se examina el origen de dicho requisito en el marco de la RPPJ vigente en los EE.UU. La conjunción de los requisitos de actuación en representación de la persona jurídica y con la intención de beneficiarla eran los propios de la responsabilidad vicarial imperante en el ámbito de la responsabilidad civil de la persona jurídica. Y como en su día afirmó la Corte Suprema de los EE.UU. en su primera sentencia de 1909 introduciendo la RPPJ, dicho tribunal se limitó a aplicar a la responsabilidad penal los principios que gobiernan la responsabilidad civil:

De igual manera, ya en el ámbito de la responsabilidad civil ex delicto en España, se considera, en líneas generales, que debe responder la persona jurídica de aquellas conductas que le pueden reportar un beneficio –habiéndose pasado de la teoría de la culpa in eligendo o in vigilando a la teoría del riesgo–. Así, constituye una doctrina jurisprudencial sumamente consolidada en relación con la responsabilidad civil subsidiaria de las personas jurídicas que «quien se beneficia de actividades que de alguna forma puedan generar un riesgo para terceros debe soportar las eventuales consecuencias negativas de orden civil respecto de esos terceros cuando resultan perjudicados» (vid., por todas recientemente STS de 13 de noviembre de 2024 [Ponente: Excmo. Sr. D. Eduardo de Porres Ortíz de Urbina])⁷⁹.

Por lo tanto, parece evidente que el requisito de la existencia de beneficio tiene una raigambre civilista, la cual, como hemos señalado, no casa correctamente con la lógica jurídico-penal – basada en la lógica de la posición de garante de la persona jurídica respecto de los riesgos que genera su organización⁸⁰ –.

En el ámbito del Derecho comparado, el requisito cumulativo del «beneficio», también es una rara avis. Por lo general, se utiliza como forma de comprobar la vinculación entre persona física y jurídica y, en consecuencia, como mecanismo para descartar la RPPJ cuando se produce una actuación de la persona física en beneficio propio. Vaya por delante que, en el ámbito de la legislación europea, las Directivas europeas consideran que el «beneficio» es un requisito cumulativo⁸¹; ahora bien, como se puede observar en la redacción de dichos preceptos, se trata de responsabilidad (sin especificar que es responsabilidad penal) por delitos cometidos por personas físicas. En cualquier caso, la realidad normativa de los diferentes Estados Miembros arroja como resultado en la mayor parte de los casos que le beneficio no es un requisito cumulativo de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Así, comenzando por el sistema que inspiró el modelo del Artículo 31 bis) CP, el sistema italiano establece⁸² que se genera la RPPJ cuando la persona jurídica actúa en «interés» o «ventaja» (vantaggio). Como se puede observar, incluso en el modelo italiano (en el cual se inspira la legislación española), se establece una dualidad entre en su «interés» o – no «y» – en su «ventaja» (siendo este elemento el que más se asemejaría al «beneficio», pese a que en puridad se corresponde más con la antigua redacción del Art. 31 bis) CP relativa al «provecho»-. En el fondo, se trata de diversas formas de vincular la actuación de la persona física a la persona jurídica.

Otro ejemplo viene dado por la normativa neerlandesa, donde lo decisivo es si la persona física actuó en representación de la persona jurídica. Jurisprudencialmente se ha considerado⁸³ que existen diversas formas (no limitativas) de acreditar dicha actuación en representación de la persona jurídica: (i) si el acto fue realizado por un empleado de la persona jurídica; o (ii) si la actuación se realiza en el curso normal de los negocios de la persona jurídica; o (iii) si la actuación ha beneficiado a la persona jurídica en sus negocios; o (iv) si la persona jurídica se encontraba en una posición para prevenir la acción, pero la acción fue aceptada o condonada (en la actualidad o en el pasado) por la persona jurídica.

Por lo que se refiere al Reino Unido la reciente ampliación de la denominada «doctrina de la identificación» (identification doctrine), arroja como resultado que tampoco resulta necesario el elemento del beneficio. Así la conocida Economic Crime and Corporate Transparency Act de 2023, en su Section 196⁸⁴  no hace referencia alguna al requisito del «beneficio»⁸⁵.

Pasando a modelos de RPPJ de carácter alternativo, en Austria⁸⁶ se establece la RPPJ cuando la persona física actúa en beneficio (zu seinem Gunsten) de la persona jurídica o – no «y» – cuando a través de la comisión del hecho se infringen deberes que conciernen a la persona jurídica.

Centrando la cuestión en la discusión moderna sobre la RPPJ en España, existen diversas posiciones respecto de su idoneidad o, incluso, respecto de su necesaria supresión a la vista de la disfuncionalidad que genera⁸⁷. Sea como fuere, lo cierto es que se trata de un requisito contenido en el Artículo 31 bis) CP y debe concurrir para que se pueda desencadenar la RPPJ. Ahora bien, de igual manera, resulta obligado, por idéntico imperativo legal, diferenciar entre beneficio «directo» y beneficio «indirecto».

Así, un punto de partida relativamente aceptado es el mantenido por la Circular 1/2016 de la FGE conforme al cual el concepto de “beneficio indirecto” extiende la RPPJ a aquellos supuestos donde se produce un “ahorro de costes” o, “en general todo tipo de beneficios estratégicos, intangibles o reputaciones”. Literalmente indica:

En definitiva, tal y como indica la Circular 1/2016, «solo quedarán excluidas aquellas conductas que, al amparo de la estructura societaria, sean realizadas por la persona física en su exclusivo y propio beneficio o en el de terceros, y resulten inidóneas para reportar a la entidad beneficio alguno, directo o indirecto».

En el contexto del acoso escolar resulta especialmente relevante el ahorro de costes derivados de la inaplicación o incorrecto funcionamiento de los protocolos antiacoso escolar o medidas legalmente obligatorias antiacoso escolar. En este sentido, los centros escolares tienen la obligación legal de aplicar los protocolos de actuación contra el acoso escolar, así como evaluar periódicamente su eficacia⁸⁹. Asimismo, el Coordinador/a de protección tiene asignada la misión de velar por el “correcto funcionamiento de estos protocolos”⁹⁰. Entre las funciones asignadas a dicha posición se encuentra, por ejemplo, «promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y adolescentes, dirigidos tanto al personal que trabaja en los centros como al alumnado» o “promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes” o, en fin, “promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Toda esta serie de medidas comportan, claro está, un determinado coste económico impuesto legalmente. Contratación de suficiente personal cualificado para detectar y prevenir situaciones de acoso escolar (especialmente durante los recreos) en función del número de alumnos del centro escolar, contratación de suficiente personal especializado (orientadores) por alumno para atender de forma activa las necesidades de los alumnos en esta materia, contratación de suficientes servicios para la adecuada formación de personal docente y alumnado en materia de acoso escolar, etc⁹¹.

Cuando un centro escolar no invierte los medios económicos necesarios para asegurar la aplicación de los protocolos de prevención y detección precoz del acoso escolar o su “correcto funcionamiento” se produce un evidente ahorro de costes. Expuesto de otra forma: el beneficio indirecto derivado del ahorro de no invertir adecuadamente en los medios adecuados para la prevención del acoso escolar⁹². Ello resulta aún más evidente cuando constatada una situación de acoso escolar, no se activan las medidas legalmente obligadas para la conjurar de dicha situación en el sentido de no aplicación los recursos necesarios a tal finalidad.

En definitiva, tal y como señala la Circular de la FGE 1/2016, dicho requisito debe entenderse en un sentido negativo; es decir “Solo quedarán excluidas aquellas conductas que, al amparo de la estructura societaria, sean realizadas por la persona física en su exclusivo y propio beneficio o en el de terceros, y resulten inidóneas para reportar a la entidad beneficio alguno, directo o indirecto”.

En cualquier caso, la determinación de la existencia o no de un beneficio directo o indirecto es una cuestión a esclarecer en la instrucción; no una cuestión a determinar ab initio. Así, ad exemplum, el Auto de imputación de las personas jurídicas CaixaBank/Repsol dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional el 8 de julio de 2021:

Como se puede observar, en los requisitos de imputación inicial no se hace referencia a la constatación de la existencia de beneficio directo o indirecto. Si ése es el estándar en la aplicación “cotidiana” de la RPPJ, no se debe exigir un estándar más riguroso en los supuestos de acoso escolar y la responsabilidad penal de las personas jurídicas titulares de los centros escolares.

VI.- El fundamento de la responsabilidad penal del centro escolar en el caso de acoso entre iguales menores de 14 años: el déficit estructural en los mecanismos de prevención y detección del acoso escolar

El fundamento de la RPPJ ha sido definido por el Tribunal Supremo español – fundamentalmente en la STS 221/2016, 21 de marzo, que es jurisprudencia plenamente consolidada en la actualidad – como el «delito corporativo» que consiste en un «déficit de los mecanismos de control y gestión» del delito «desde una perspectiva estructural«; o expresado de otra manera un «defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a la persona jurídica«. Así las cosas, «el defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión constituye el fundamento de la responsabilidad del delito corporativo«.

Dicho delito corporativo constituye el «hecho propio» de la persona jurídica y debe distinguirse del «hecho propio» de la persona física – sc. delito individual –. De forma clara la STS 221/2016, 16 de marzo (Ponente Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez)- señala: «… son, por tanto, dos los sujetos de la imputación, cada uno de ellos responsable de su propio injusto y cada uno de ellos llamado a defenderse con arreglo a un estatuto constitucional que no puede vaciar su contenido en perjuicio de uno u otro de los acusados«⁹³.

Siguiendo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, éste ha definido el fundamento de la responsabilidad de las personas jurídicas – en nuestro caso: centros escolares – como «el incumplimiento de la obligación de adoptar medidas o sistemas orientados a controlar y evitar la comisión de determinados delitos que pudieran cometerse en su ámbito de organización«. En este sentido, el centro escolar «participará a través de una omisión de las cautelas obligadas por su posición de garante legalmente establecida, tendentes a evitar la comisión de determinados delitos«. [STS 123/2019, de 8 de marzo (Ponente Excmo. Sr. D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca)]⁹⁴.

Dentro de este fundamento existen, a su vez, dos elementos nucleares. Por un lado, el más vinculado al ámbito del injusto, que es el «defecto organizativo» o «defecto de organización»; por otro lado, el vinculado en mayor medida a la culpabilidad, como es la ausencia o déficit de una cultura organizativa de cumplimiento de la legalidad. Al igual que ocurre en las personas físicas, en las personas jurídicas ambos elementos se encuentran íntimamente unidos. En resumen, el fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas – en este caso: centros escolares – se conforma por un déficit organizativo y un déficit de cultura de cumplimiento⁹⁵.

Para poder evitar su responsabilidad penal, las personas jurídicas deben acreditar que cuentan con un modelo organizativo de prevención y detección de delitos – sc. sistemas de cumplimiento – conforme al Artículo 31 bis) 5 CP, y sobre el cual se ejercen las labores de supervisión y monitorización idóneas desde una perspectiva ex ante. En concreto, señala, como bien es sabido, dicho precepto lo siguiente⁹⁶:

Existe un importante debate sobre quién tiene la obligación de acreditar la existencia y eficacia de dichos sistemas de cumplimiento. En una reciente resolución, el Tribunal Supremo [STS 298/2024, de 8 de abril. Ponente Excmo. Sr. D. Antonio del Moral] establece una interesante comparación con lo que ocurre en otros ámbitos del derecho penal y que, en definitiva, pasa por afirmar que quien alegue una eximente de responsabilidad, debe aportar soporte probatorio al respecto⁹⁷. De forma extensa, dicha resolución sostiene lo siguiente:

Sea como fuere, es cierto que el Tribunal Supremo todavía no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los seis elementos que conforman los denominados «modelos de organización y gestión» de delitos. No obstante, tanto a nivel nacional como internacional se ha producido un importante movimiento tendente a la estandarización de los elementos nucleares que conforman los sistemas de cumplimiento; y más en concreto, los sistemas de cumplimiento penal. Sin pretender en este punto realizar una exposición al respecto, baste con recordar que, a nivel internacional, la Organización de Estandarización Internacional [ISO por sus siglas en inglés] ha producido los siguientes estándares relevantes: ISO 37.301 – Sistemas de cumplimiento; ISO 37.001 – Sistemas de gestión antisoborno⁹⁸. De igual manera, para algunos de los elementos concretos de estos modelos de organización y gestión – sc. el denominado «sistema de información de riesgos e incumplimientos», comúnmente designado como «canal de denuncias» – también la ISO ha establecido un estándar sobre su contenido [ISO 37.002 – Sistemas de gestión de la denuncia de irregularidades].

Por lo que se refiere al ámbito nacional, la UNE [Agencia Española de Normalización], además de hacer propios los estándares internacionales anteriormente indicados, ha elaborado un estándar especialmente adecuado para desarrollar los sucintos elementos de los «modelos de organización y gestión» de delitos contenidos en el Artículo 31 bis) 5 CP. Es la denominada UNE 19.601 – Sistemas de gestión de cumplimiento penal. Dicho estándar puede certificarse por alguna de las empresas certificadoras con expertise en este ámbito, algunas de las cuales se encuentran incluso acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

VI.I. Excurso: la existencia de protocolos de prevención del acoso escolar no equivale a un sistema de cumplimiento penal a los efectos de exoneración de la responsabilidad penal del centro escolar. Necesidad de cumplimiento de los requisitos del Art. 31 bis) 5 CP para optar por la exoneración de responsabilidad penal.

Una de las cuestiones que puede plantearse en la práctica viene dada por la posibilidad de que un centro escolar pretenda optar a la exoneración que proporciona el Código penal a las personas jurídica meramente por contar con los denominados protocolos de prevención de acoso escolar. No obstante, un análisis de dichos protocolos y su función muestra claramente su inidoneidad. En general, dichos protocolos se «activan» cuando se constata – al menos se adveran unos indicios de – una situación de «acoso escolar». Esto es, desde el punto de vista jurídico-penal, una vez que se constata ya la existencia de un resultado antijurídico y por tanto se puede considerar una medida «reactiva», no preventiva.

La faceta preventiva parece estar recogida en el amplio marco fijado por los denominados «Planes de Convivencia», establecidos en el artículo 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. De conformidad con el Artículo 31 de la LOPIVI,

Pese a que se ha afirmado que «La prevención es posiblemente el aspecto de la LOPIVI al que los planes de convivencia, y los instrumentos que de ellos se derivan, le dedican una mayor atención«⁹⁹, lo cierto es que una revisión de dichos planes de convivencia, así como del articulado de la propia LOPIVI, muestran que se encuentran alejados de los elementos nucleares que conforman un modelo organizativo de prevención y detección de delitos – en este caso: de acoso escolar -.

En general, una de las diferencias más notorias entre los planes de convivencia/protocolos de acoso escolar y los modelos organizativos de prevención y gestión de delitos es el enfoque basado en el riesgo de comisión de un determinado delito. En efecto, como se puede observar en la redacción del propio Artículo 31 bis) CP, un pilar fundamental de estos modelos consiste en incluir «medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión» [Art. 31 bis) 2 CP]. Como ha señalado recientemente la Sala Segunda en su Supremo 1073/2024 de 26 de noviembre de 2024 [Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo del Arco; Voto Particular: Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta]

Desde esta perspectiva, resulta fundamental que el centro educativo lleve a cabo un auténtico mapa de riesgo de acoso escolar en su ámbito de organización – que incluye el análisis, la identificación, el control y la monitorización del riesgo de acoso escolar -. Ciertamente, la tarea no es baladí; pero no puede afirmarse que resulta de imposible ejecución, puesto que organizaciones empresariales más complejas lo llevan a cabo con otros riesgos penales. Probablemente, el quid de la cuestión, como en tantos ámbitos del compliance, radica en los recursos que se dedican al respecto.

Por ejemplo, en tiempos recientes, la Directrices de la Fiscalía Federal estadounidense para decidir si imputar o no a una persona jurídica, en el Epígrafe de «Autonomía y Recursos» instruyen a los fiscales para que evalúen (i) si el personal de Compliance tiene acceso a los datos que necesitan, (ii) si tiene este acceso «a tiempo» (timely manner) y (iii) si la empresa está «aprovechando adecuadamente las herramientas de análisis de datos para ser más eficientes en las operaciones de cumplimiento y medir la eficacia de los componentes de los programas de cumplimiento«. En este sentido se indica: «¿Cómo gestiona la empresa la calidad de sus fuentes de datos? ¿Cómo mide la empresa la exactitud, precisión o recuperación de los modelos de análisis de datos que utiliza?» 

De forma sencilla, en el Apartado «Asignación proporcional de recursos» se exige a los fiscales que lleven a cabo la siguiente comparación: «¿Cómo se comparan (i) los activos, recursos y tecnología disponibles para el cumplimiento y la gestión de riesgos con (ii) aquellos disponibles en otras partes de la empresa?¿Existe un desequilibrio entre (i) la tecnología y los recursos utilizados por la empresa para identificar y aprovechar oportunidades de mercado y (ii) la tecnología y los recursos utilizados para detectar y mitigar los riesgos?” Esta ponderación de recursos y tecnología dedicada a una y otras actividades es un indicador muy sencillo y efectivo de cuánta importancia otorga la empresa al cumplimiento de la legalidad. 

De forma similar, en el reciente estándar ISO 37302:2025, relativo a la evaluación de la efectividad de los programas de compliance, se puede comprobar cómo la adecuada asignación de recursos es un punto clave para llegar a la máxima graduación (level 5) en lo que respecta a la efectividad de los programas de compliance¹⁰¹.

Solamente en la medida en la que los centros educativos adopten un enfoque basado en el riesgo de comisión de delitos de acoso escolar se comenzará a tomar realmente conciencia de la magnitud del problema y de lo que resulta necesario para mitigar que dicho riesgo se realice. Por ejemplo, la elaboración de sociogramas o mapas de relaciones sociales, habituales en el ámbito educativo, no pueden considerarse un mapa de riesgos a los efectos prevenidos en el Código penal.

En cualquier caso, los centros educativos deben disponer ya en la actualidad de modelos organizativos de prevención y gestión del riesgo de numerosos delitos por los que ya respondían penalmente con anterioridad a la reforma del Artículo 173 CP. En este sentido, la citada reforma lo único que ha hecho es ampliar el catálogo de delitos que deben tener cubiertos en su modelo organizativo, incluyendo el riesgo de acoso escolar; la reforma no ha generado la RPPJ de los centros educativos en general.

VII.- Las penas a las personas jurídicas por acoso escolar

La nueva regulación contenida en el Artículo 173 CP prevé una doble penalidad, lo cual es habitual en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En primer lugar, una pena de multa y, caso de cumplirse determinados requisitos, en segundo lugar, una serie de penas interdictivas de los apartados b) a g) del Artículo 33.7 CP. En efecto, señala el párrafo cuarto del Artículo 173.1 CP:

Por lo que hace a la pena de multa, la misma no es de carácter proporcional al beneficio obtenido o perjuicio provocado, sino al sistema de días multa. Si bien, en sus límites máximo – previstos en el Artículo 50.4 CP – de multa por día (de 30 Euros a 5.000 Euros), se llegaría a un límite de 9.000.000 Euros. En la actualidad se pueden observar sentencias donde la cuota diaria para las penas de días-multa a personas jurídicas es de 500 euros¹⁰², si bien las cantidades establecidas en diversas resoluciones son sumamente dispares.

Más interesantes resultan las penas interdictivas del Artículo 33.7 letras b) a g)¹⁰³. A este respecto, la primera consideración a tener en cuenta es que no resultan de imposición obligatoria, sino potestativa – sc. «podrán» -. La segunda consideración en este ámbito es que, en términos generales, su duración [en el caso de las letras c) a g); esto es, excluyendo lógicamente la disolución de la letra b)] no podrá exceder de dos años – puesto que, conforme a la regla del Artículo 66 bis) 1.2, su duración no puede exceder la duración de la pena prevista para la persona física, que en este caso son dos años –.

Para imponer una pena interdictiva de más de dos años de duración, entonces deben darse alguna de las dos circunstancias previstas en el Artículo 66 bis)2ª CP, que son fundamentalmente (1) la reincidencia o (2) la instrumentalización de la persona jurídica¹⁰⁴. Respecto de la segunda regla – sc. la instrumentalización – dado que el criterio rector consiste fundamentalmente en un análisis de si la actividad ilegal es mayor que la actividad legal, lo cierto es que resulta difícilmente imaginable en el caso de delitos de acoso escolar.

Consideración diferente, por el contrario, merece el criterio de la reincidencia puesto que, en este ámbito, precisamente a la vista de las estadísticas referidas anteriormente, resulta perfectamente posible que concurra la reincidencia. Y precisamente por la gravedad que supone la reincidencia en este ámbito, resultan especialmente adecuadas las penas interdictivas del Artículo 33.7 b) a g) CP.

A la hora de determinar su imposición y extensión deberán tenerse en cuenta los criterios del Artículo 66 bis) 1ª; fundamentalmente: (a) necesidad de prevenir la continuidad delictiva; (b) consecuencias económicas y sociales de su imposición y (c) puesto en la estructura corporativa que ocupaba la persona física u órgano que incumplió el deber de control. Ciertamente, la posible afectación a cientos de alumnos debe guiar la proporcionalidad de la pena interdictiva impuesta.

En algunos casos, como es el relativo a los centros educativos concertados, una pena interdictiva especialmente idónea puede resultar la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas. No obstante, debemos recalcar que la imposición de cualquier pena interdictiva debe estar guiada por el criterio de la peligrosidad subsistente a la fecha del dictado de la resolución, por lo que en caso de que el centro educativo no deberá imponerse la citada pena interdictiva cuando pueda acreditar que se ha conjurado, dentro del riesgo permitido, el riesgo de reiteración delictiva.

VIII. Sujetos sometidos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito del acoso escolar: La problemática de los centros educativos públicos y privados y el Artículo 31 quinquies) CP

Una cuestión especialmente problemática y delicada – a la vista de la desigualdad que puede generar – es la determinación del círculo de sujetos activos en este ámbito. Así, como bien es sabido, el Artículo 31 quinquies) del Código penal excluye al Estado y a la administración pública del régimen de la responsabilidad penal de las personas jurídicas¹⁰⁵. Ahora bien, de igual manera también excluye a «aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas«.

Para abordar esta cuestión resulta de especial interés la regulación contenida en la ya mencionada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación. Así, dicha legislación contiene una regulación que distingue sobre la base de la titularidad del centro docente, lo cual parece ser un criterio adecuado para delimitar el círculo de posibles sujetos sometidos al régimen de RPPJ. Al respecto señala el Artículo 108 de la citada LO:

En definitiva, en dicho precepto se ofrecen dos reglas importantes en este ámbito: la primera es que la clasificación primaria es sobre la base de la titularidad del centro docente; y a este respecto es binaria. La titularidad corresponde o a la administración pública (y por tanto excluida expresamente del régimen de RPPJ por el Artículo 31 quinquies) CP); o a una persona física o jurídica de carácter privado (aunque sea concertado) y por tanto incluido en el régimen de RPPJ. Desde esta perspectiva son sujetos idóneos del artículo 31 bis) CP a los efectos del artículo 173 CP los centros privados sean o no concertados.

Ciertamente podría plantearse una excepción para los centros privados concertados sobre la base de que ese mismo precepto señala que la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los «centros públicos y privados concertados». En este sentido, parecería que, sobre la base de la racionalidad de la prestación del servicio público, se estarían equiparando a efectos de exclusión del régimen de RPPJ tanto los centros públicos como los concertados, aunque sean de titularidad privada.

No obstante, existe jurisprudencia menor respecto de unos supuestos similares (aunque no idénticos) de no exclusión de centros de titularidad privada por el hecho de prestar un servicio público, aunque no idénticos: las Universidades Privadas. En efecto, en el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de marzo de 2015 [Ponente: Ilma. Sra. Dña. Elena Perales Guilló] se lleva a cabo el siguiente razonamiento:

En definitiva, los centros escolares de titularidad pública no se encuentran sometidos al régimen de RPPJ; sin embargo, los centros escolares de titularidad privada (ya sean o no concertados) sí se encuentran sometidos al régimen de RPPJ pese a que se pretenda argumentar que prestan un servicio público. Esta desigualdad entre personas jurídicas públicas (centros públicos) y personas jurídicas privadas (centros privados) no es exclusiva del acoso escolar, sino que se produce respecto de todos los delitos de la Parte Especial del Código penal que generan RPPJ¹⁰⁶. Ciertamente, la desigualdad es especialmente sangrante cuando se refiere al tratamiento del acoso escolar ya que, por lo que se alcanza a ver, los casos más habituales de suicidio infantil vinculados al acoso escolar se están produciendo en centros escolares públicos¹⁰⁷.

IX.- La relevancia del Artículo 31 ter) CP: la condena penal del centro escolar sin condena de persona física alguna.

Cuando nos adentramos en la casuística del acoso escolar, en numerosas ocasiones se observa cómo se aducen dificultades para individualizar la concreta persona física que, en una situación concreta de acoso escolar entre menores de 14 años, debía haber intervenido con las medidas de control y protección. El resultado es que la desorganización podría facilitar la ausencia de responsabilidad.

No obstante, precisamente en el Código penal español, como ocurre con otros textos punitivos de países continentales, se prevén una serie de reglas para que esa desorganización pueda beneficiar a la persona jurídica. Así, una de las características del modelo español de RPPJ es la autonomía de la RPPJ respecto de la responsabilidad penal de la persona física. En efecto, tal y como hemos señalado con anterioridad, el artículo 31 ter) del CP establece lo siguiente:

De manera semejante, en la legislación procesal se permite el enjuiciamiento y la conformidad de la persona jurídica de forma autónoma al enjuiciamiento de las personas físicas. En este sentido establece el artículo 787.8 LECrim:

Tal y como advierte, entre otros, Ana María Neira Pena, «esta regla especial es contraria a la regla general según la cual, siendo varios los acusados, sino se conformasen todos ellos con la pena más alta solicitada por las acusaciones, continuará el juicio para todos (arls. 655 IV y 697 1 y 11 LECrim)»¹⁰⁸.

Por lo que se refiere a la jurisprudencia de la Sala Segunda, ya desde la STS 455/2017, de 21 de junio (Ponente Excmo. Sr. D. Juan Saavedra Ruiz), de forma reiterada ha venido señalado que «esta Sala ha negado la existencia de un extravagante litis consorcio pasivo necesario entre la persona jurídica y la persona física, recordando la autonomía de la responsabilidad de la persona jurídica frente a la que es predicable del directivo o empleado que comete el delito de referencia«. 

La casuística judicial española ya dispone de distintos precedentes en los que se ha producido la condena de la persona jurídica sin que se haya producido la condena de la persona física. Así, el ejemplo probablemente más conocido, es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de diciembre de 2016 [Ponente: Ilmo. Sr. D. Carlos Mir Puig] en la que se condenó al Fútbol Club Barcelona – sin que se condenara a ninguna persona física – por sendos delitos fiscales en relación con la no retención del Impuesto de la Renta sobre No Residentes.

Así, en el caso de situaciones fácticas complejas, donde intervienen multitud de personas físicas y la actuación concreta de cada una no era fácilmente individualizable, como fue el conocido caso Globalia en el que se dictó Auto de Apertura del Juicio Oral por el Juzgado Central de Instrucción número 6 el 18 de noviembre de 2016 con motivo de un fraude subvenciones. Posteriormente se obtuvo la condena sólo de la persona jurídica en el año 2017.

Aplicado a los casos de acoso escolar, la posibilidad de la condena de una persona jurídica sin condena de persona física unido a la posibilidad de enjuiciamiento separado de la persona jurídica respecto de la persona física, son instrumentos especialmente adecuados para abordar la problemática que se generan en los supuestos de acoso escolar entre iguales menores de 14 años. En estos casos, la situación de acoso escolar se suele perpetuar en el tiempo ejecutando los acosadores menores de 14 años las conductas acosadoras concretas y omitiendo, especialmente el Coordinado/a de Bienestar y Protección, los deberes reforzados de control y protección. Precisamente la conformación de los centros educativos como garantes de control y protección sobre su ámbito organizativo hacen que, aunque no se haya podido identificar a la persona física concreta que en cada momento concreto ha llevado a cabo la omisión concreta, dicha perpetuación de la situación de acoso escolar sólo es posible por la infracción de deberes por parte de las personas físicas que ostentan los cargos o funciones de control y protección.

X.- La Ley Orgánica de Medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia: las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en los Tribunales de Instancia

En tiempos recientes se ha aprobado la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia¹⁰⁹ por medio de la cual se crean las denominadas Secciones de Violencia contra la infancia y la adolescencia dentro de los nuevos Tribunales de Instancia que tienen competencia para el enjuiciamiento de los delitos de trato degradante (acoso escolar) – sc. delitos contra la integridad moral –. El fundamento de la reforma, tal y como explicita el Preámbulo de la citada Ley Orgánica es el siguiente:

Ciertamente, la citada LO 1/2025 contiene importantísimas novedades en numerosos ámbitos cuyo análisis, evidentemente, desbordarían el marco de este trabajo¹¹⁰. Lo relevante a los efectos de nuestro análisis es que, en primer lugar, se crean como decimos dichas secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia con competencia específica en los delitos contra la integridad moral – donde se encuentra el delito de trato degradante (Art. 173 CP) que sanciona los supuestos de acoso escolar¹¹¹ –. En efecto, el nuevo Artículo 89 bis) de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece:

En cuanto a los recursos contra las resoluciones de las Secciones de Violencia contra la infancia y la adolescencia, corresponden a las Audiencias Provinciales, en cuyo se producirá la necesaria especialización. Así disponen los artículos 82 y 82 bis) LOPJ:

Finalmente, el enjuiciamiento de dichos procedimientos está asignado a las Secciones de lo Penal de los Tribunales de Instancia, en las cuales se dará una especialización en el ámbito de la violencia contra la infancia y la adolescencia para facilitar en conocimiento de este tipo de procedimientos. Así, señala el Artículo 90 LOPJ:

Desgraciadamente, la dotación de recursos para las Secciones de Violencia contra la Infancia ha sido inicialmente exigua. Así, el Real Decreto 422/2025¹¹², ha previsto únicamente la creación de tres nuevas plazas de Secciones de Violencia contra la Infancia.

Para el resto de los órganos judiciales, el parágrafo 1º del Artículo 89 bis) LOPJ que “El Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Salas de Gobierno, podrá acordar que, en aquellos Tribunales de Instancia donde no hubiere una Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y sea conveniente por razón de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en este artículo corresponda a uno de los jueces o juezas de la Sección de Instrucción, o de Civil y de Instrucción que constituya una Sección Única, determinándose en esta situación que uno solo de estos jueces o juezas conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o conociendo también de otras materias”. Esta infradotación ha sido puesta de relieve por parte de algunas asociaciones como Save the Children¹¹³.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente sobre la imposibilidad de que los Juzgados de Violencia contra la Mujer asuman la competencia cuando de delitos sexuales perpetrados sobre niñas o adolescentes – como algunos proponían –. En este sentido, la STS 44/2026, de 28 de enero de 206 [Ponente: Excmo. Sr. D. Vicente Magro] establece lo siguiente:

XI.- Fundamento de la jurisdicción penal española respecto de centros escolares extranjeros que operan en España a través de establecimiento permanente sin personalidad jurídica española.

Una cuestión que pudiera inducir a confusión, máxime a la vista de la relevancia práctica que tiene, es la posibilidad de iniciar procedimientos penales frente a personas jurídicas extranjeras que, no obstante, operan en territorio español a través de un establecimiento permanente. En definitiva, frente un colegio extranjero (que pertenece a una fundación extranjera o una persona jurídica extranjera) que no tiene personalidad jurídica española, ¿puede un órgano judicial iniciar un procedimiento e imponerle? La respuesta es claramente: sí.

Para tomar conocimiento de la relevancia de esta cuestión hay que tener en cuenta que la relación entre los colegios extranjeros y la administración pública española no es siempre fácil. Precisamente por esa relación algunas veces problemática, la tantas veces citada LOPIVI extiende su manto, a efectos de regulación, sobre dichas instituciones extranjeras. En la misma se señala lo siguiente: 

En este sentido, muchos de los colegios extranjeros son personas jurídicas extranjeras (fundaciones, etc.) que actúan en territorio español a través de un establecimiento permanente registrado en España. Pues bien, en cuanto a las obligaciones que se recogen en el Ámbito Educativo (CAPÍTULO IV de la LOPIVI), conforme hemos indicado anteriormente, se afirma lo siguiente: 

Por lo tanto, queda claro que, desde el punto de vista de la normativa sectorial, son destinatarios de las obligaciones relativas a la prevención de acoso escolar. Por lo que se refiere al ámbito penal, lo relevante (de forma similar a lo que parece ser relevante en la normativa sectorial) es que disponen de una organización que opera en territorio español. De la misma manera que si un extranjero «viene» a España y comete un delito, los tribunales penales españoles tienen jurisdicción sobre la investigación y enjuiciamiento de los mismos, una persona jurídica extranjera que «viene» a España (a través de una delegación, establecimiento permanente, etc.) estableciendo una determinada organización en España, está sometida igualmente a la jurisdicción española.

En este sentido, el principio básico en el ámbito penal es el lugar de comisión del delito y, en virtud del Artículo 23.1 LOPJ, los Tribunales españoles ostentan jurisdicción sobre su investigación y enjuiciamiento. En los supuestos aquí analizados, el acoso escolar se comete en territorio español y por tanto los tribunales españoles tienen jurisdicción sobre las personas físicas y jurídicas, españolas o extranjeras, que hayan participado en el mismo.

Asimismo, desde la perspectiva del artículo 31 bis) CP, el defecto de organización, se comete en territorio español debido a que, en este ámbito, las personas jurídicas extranjeras han establecido parte de su organización en territorio español (a través de una delegación, establecimiento permanente, etc.). No nos encontramos, por tanto, ante supuestos en los que la persona jurídica extranjera no se ha establecido en forma alguna en territorio español.

En este sentido resulta importante tomar en consideración que, desde la perspectiva aquí analizada, lo relevante es la dinámica omisiva por parte de quienes tienen el deber de actuar como garantes de protección y de control. Pues bien, al respecto el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado desde antiguo en el siguiente sentido (STS 1/2008, de 23 de enero [Ponente: Excmo. Sr. D. Enrique Bacigalupo Zapater]:

Que la omisión en el ámbito de la organización de persona jurídica extranjera que se encuentra establecida en territorio español se haya producido siguiendo las instrucciones de tomadores de decisiones que se encuentran en el extranjero no hace desaparecer la jurisdicción y competencia de los Tribunales españoles, sino todo lo contrario: los tribunales españoles podrán enjuiciar no sólo a la persona jurídica extranjera sino a dichas personas físicas extranjeras como partícipes en el delito cometido en el territorio español. Cualquier otra solución generaría insoportables lagunas de impunidad y no tendría en cuenta las obligaciones ya señaladas de prevención y detección del acoso escolar que atañen a los miembros de la organización que se encuentran en territorio español. A mayor abundamiento, el Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005, establece a efectos del principio de territorialidad que «El delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo«, lo cual redunda en la perspectiva aquí sostenida.

Coda: A propósito del Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 23 de julio de 2024 [caso del suicidio de las gemelas de Sallent]

El conocido y trágico suceso del suicidio de dos niñas gemelas de 12 años (una de ellas murió y la otra quedó gravemente herida) en la localidad de Sallent constituye un botón de muestra del planteamiento, en nuestra opinión erróneo, que preside la instrucción (y en rara ocasión, el enjuiciamiento) de los supuestos de acoso escolar en la jurisdicción penal española. El Auto de 23 de julio de 2024 de la Audiencia Provincial de Barcelona [Ponente: Ilma. Sra. Dña. María Rosa Fernández Palma]¹¹⁴ recoge muchos de los defectos que todavía imperan, a nuestro humilde entender, en el tratamiento del acoso escolar entre iguales menores de 14 años.

La primera cuestión notable viene dada por el hecho de que se trataba de un procedimiento, tal y como relata el Auto, «en el que no existe una imputación individualizada frente a una persona concreta«. Ello probablemente se debía a que, como refiere el Auto, «la investigación judicial ha desvelado que Eva, en efecto, podía haber sido objeto de un cierto acoso escolar por parte de algunos de sus compañeros (menores todos ellos de 12 años), porque habría recibido insultos derivados de su identidad sexual (marimacho) y de su condición de extranjera (argentina de mierda, vuelve a tu país)«.

En efecto, según se desprende de las noticias relacionadas con este trágico incidente, el Juzgado de Instrucción número 3 de Manresa, que decidió archivar la causa al considerar que no era posible «apreciar una situación de acoso por parte de alguno de los responsables del centro» al que iban las menores¹¹⁵. No obstante, no parece que se planteara la «imputación individualizada» en comisión por omisión por parte de la Coordinadora de Bienestar y protección de dicho centro escolar¹¹⁶. En otras palabras: no se plantearon diversas responsabilidades que sí deberían haberse planteado conforme a la legislación vigente y que, en otros escenarios de seguridad en un centro (por ejemplo: seguridad de trabajadores en un centro de trabajo) si se hubieran planteado sin duda alguna. Conclusión: la seguridad de los niños menores en un centro escolar se valoró menos que la seguridad de los adultos en un centro de trabajo.

En definitiva, quienes conocen el funcionamiento real de los Juzgados de Instrucción españoles son conscientes de que, cuando se trata de un procedimiento contra una persona no identificada, la tendencia natural es el archivo de las actuaciones. De hecho, a lo largo del Auto comentado sobrevuela la idea de que al ser menores de 14 años y no haber constatado una situación de acoso activo por parte de personal (adulto) del centro, el Derecho penal no tenía margen de actuación. La pregunta sería: ¿existían indicios suficientes para poder proceder a la imputación de una persona concreta? La respuesta, como veremos, es afirmativa.

La segunda cuestión relevante es que en el Auto se contienen determinados indicios que apuntan a la posibilidad –e incluso necesidad– de imputación. En efecto, en primer lugar, el propio Auto reconoce – por declaración testifical de la psicopedagoga del Centro escolar que el «protocolo de acoso no se activó sino hasta después del fallecimiento de Eva (folio 208)» (¡!). Ahora bien, el Auto considera que el análisis jurídico-penal debe llevarse a cabo «con independencia de la activación o no de los protocolos de acoso escolar formales» y que «un proceso penal no es el lugar para investigar si actuaciones escolares o médicas fueron las mejores posibles» (¡!).

En este sentido, y como tercera cuestión relevante, el Auto realiza una reflexión más extensa sobre los protocolos de acoso escolar y su significado para el Derecho penal:

Como se puede observar, el propio Auto parte de la base de que la víctima estaba siendo sometida a acoso escolar y que los profesionales educativos sociales y sanitarios estaban al tanto de su situación y le realizaban seguimiento. Pero, y ahí está la clave, no lo impedían. El razonamiento de la resolución judicial comentada pudiera servir de base para el análisis de la posible imputación por inducción al suicidio¹¹⁷; no obstante, no resulta conforme a Derecho respecto del análisis del delito de trato degradante; máxime cuando se afirma en el propio Auto que existía dicha situación de acoso escolar y que el centro escolar estaba al tanto. Más aún, el centro escolar reconoció que «les faltaron recursos para afrontarlo».

Como cuarta consideración relevante, llama poderosamente la atención – una vez más – el relato que realiza el Auto respecto de las afirmaciones de parte del personal docente. La tutora de la víctima «estaba al corriente de la situación de la menor«, «que era un curso conflictivo y le pareció que no era acoso sino problemas de todos con todos«. Eso equivale a decir que, si el acoso es de todos contra todos, el acoso no es de nadie.

Asimismo, el profesor de música del Centro indicó que la víctima «con frecuencia era castigada en el aula ‘nevera’ y que los insultos entre los niños eran frecuentes«, reconociendo «también que se trataba de un grupo conflictivo, también en general el centro, aunque oficialmente no estuviera catalogado como de alta complejidad«.

Como colofón de todo lo anterior, el Director del Instituto consideró que «no tenían indicios de que estuviera sufriendo acoso escolar. Añadió que desde el centro se intentaron abrir todos los recursos posibles y le costaban insultos a Eva del tipo “argentina de mierda, vete a tu tierra”, pero que ese tipo de insultos no se dirigían solo a Eva«. Expresado de otra forma: no se consideraba que los insultos constituyen acoso escolar (¡!) porque no ese tipo de insultos se dirigían también a otras personas. De nuevo, si se acosan todos los menores, entonces no hay acoso.

Y una vez más, predomina el análisis desde el punto de vista de la inducción al suicidio cuando el Auto, después de dichos escalofriantes relatos, concluye: «En cualquier caso, no podemos afirmar que la decisión tomada por Eva fuera previsible para ellos, porque no consta que hubiera antecedentes previos de conductas semejantes y fallidas, y tampoco con la información con que contaban en ese momento podía pronosticarse que Eva se hallara en una situación límite«.

Pero las afirmaciones para concluir que no hubo inducción al suicidio apuntalan la existencia de un delito de trato degradante. En efecto, señala el Auto que los hechos le

En definitiva, el Auto únicamente toma en consideración el acoso escolar a los efectos de determinar si fue la única causa determinante de la decisión de la menor de suicidarse; pero no lo toma en consideración para ver quién era responsable penal de dicho acoso escolar. Y es que, pese a que los acosadores eran menores de 14 años exentos de responsabilidad penal, existían sólidos indicios para imputar tanto a personas físicas garantes de control y protección de los menores (sobre todo la coordinadora de bienestar y protección del centro).

En definitiva, el Auto objeto de comentario viene a sostener que las numerosas referencias contenidas en la LOPIVI a los protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar son papel mojado. Que los colegios pueden o no cumplirlos, y que eso es irrelevante para el derecho penal. Que tampoco tiene impacto en la valoración jurídico-penal si existe o no una coordinadora de bienestar y protección cuya función, según dicha Ley Orgánica, es velar por el «correcto funcionamiento de estos protocolos».

Ante semejantes razonamientos no queda sino concluir que los menores en los centros escolares se encuentran en una situación de desprotección por parte del sistema. Y, entonces, no es de extrañar que recurran a la única opción que ellos ven factible para terminar con dicha situación: quitarse la vida.