Artículos académicos

La legitimidad del sistema español de responsabilidad penal de las personas jurídicas pasa por su encaje en la Constitución. Este análisis requiere una interpretación desprejuiciada del sistema y una reflexión acerca de la relación de la persona jurídica con las personas físicas que la integran, a cuya dignidad sirven los principios constitucionales. El trabajo concluye con la inexistencia de una objeción convincente de constitucionalidad: ni resulta desproporcionada la asignación de un deber penal positivo de control a las personas jurídicas, ni cabe una tacha de personalidad de la pena a partir de su regreso mercantil a los administradores que no desplegaron tal control.